Si pudieras cambiar una ley, cuál sería y por qué.

Si pudiera cambiar una ley, no elegiría una sola.

Cambiaría varias. Y no pequeñas.

Cambiaría las leyes laborales que siguen premiando la disponibilidad permanente y penalizando el cuidado. Porque no puede ser que criar, acompañar o simplemente vivir tenga que hacerse a contrarreloj.

Revisaría la protección real en salud mental. No el discurso, no las campañas puntuales. La estructura. Los tiempos de espera. El acceso. La prevención.

Cambiaría cómo se regula el acceso a la vivienda en muchas ciudades, donde el mercado corre más rápido que la estabilidad de las personas.

Endurecería la protección frente a abusos de poder, tanto en lo público como en lo privado. Y simplificaría procesos que hoy desgastan a quien ya está en situación vulnerable.

También modificaría algo menos visible: la educación emocional obligatoria desde edades tempranas. No como asignatura decorativa, sino como base real para aprender a gestionar conflicto, frustración y responsabilidad.

Porque muchas de las tensiones sociales no nacen de la mala intención, sino de la falta de herramientas.

Pero hay algo que atraviesa todas esas reformas.

Una ley no escrita que funciona mejor que cualquier decreto: la normalización del exceso.

La idea de que aguantar es madurez.

De que rendir sin parar es compromiso.

De que estar cansado es inevitable.

De que pedir ayuda es debilidad.

Esa cultura no se cambia en el Parlamento, pero condiciona cómo aplicamos cualquier ley.

Podemos reformar normas, ajustar presupuestos, crear nuevos marcos. Y debemos hacerlo. Pero si seguimos aceptando como normal lo que nos agota, cualquier reforma se queda corta.

No es una cuestión de victimismo.

Es una cuestión de responsabilidad colectiva.

Porque las leyes externas ordenan el sistema.

Pero la cultura —lo que toleramos, lo que repetimos, lo que justificamos— termina modelando cómo vivimos dentro de él.

Si cambiara algo, empezaría por ahí.